En Colombia el acuerdo firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP se ha convertido en el frente de guerra favorito de los enemigos de la paz, después de su implementación en 2016 los territorios continúan inmersos en este conflicto sin aparente fin. Los derechos de las comunidades campesinas siguen siendo violentados a diario, y por si fuera poco, a esto se suman los más de 130 líderes/as sociales asesinados/as sólo en lo que va del año.
Escucha a nuestros socios y socias en la región del Magdalena Medio y Nordeste-Antioqueño, donde a partir de sus experiencias y trabajo activo no violento, nos comparten sobre estos contextos actuales. Suma tu voz y juntémonos para no seguir siendo indiferentes de cara a esta realidad latente.
Únete a nosotros/as el jueves 25 de junio a las 5 p.m. CT. ¡Esperamos verte ahí!
Carlos Morales, de 33 años originario de Barrancabermeja, es uno de los fundadores de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste de Antioqueño – CAHUCOPANA, una organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos, la permanencia en el territorio y la vida digna. Desde 2005, CAHUCOPANA ha estado trabajando con comunidades campesinas y mineras en los municipios de Remedios y Segovia, en la región noreste Antioqueño que en ese momento sufría un severo bloqueo de alimentos y salud por parte de grupos paramilitares y operaciones militares en el área. Esta región ha sido históricamente abandonada por el Estado y está en constante disputa territorial por los diferentes actores armados legales e ilegales, dejando a la población civil atrapada en el medio.
En 2013, Carlos coordinó el Paro Agrario, Étnico y Popular en los municipios de Remedios y Segovia. Debido a su trabajo para defender los derechos humanos, Carlos y otras/os líderes/as de CAHUCOPANA han recibido amenazas contra sus vidas y su bienestar. Después de 15 años, CAHUCOPANA es reconocida y desempeña un papel clave de liderazgo a nivel nacional entre las organizaciones de derechos humanos.
El 29 de septiembre de 2015, Carlos fue acusado injustamente de un delito por la Fiscalía General y pasó 8 meses en prisión. Esta es una forma común en que el Estado colombiano acosa e intenta debilitar el liderazgo de lxs activistas de derechos humanos.
Rocío tiene 42 años, es madre cabeza de familia, defensora de derechos humanos y víctima del conflicto armado. El 16 de mayo del 1998 un grupo paramilitar asesinaron 7 y desaparecieron 25 personas en la cancha del barrio El Campin de Barrancabermeja. Uno de los desaparecidos fue su hermano Daniel Campos. A raíz de este evento Rocío empezó su lucha y liderazgo para la defensa de los derechos humanos y en particular las víctimas de crímenes del estado colombiano.
Es trabajadora social que actualmente se desempeña como secretaría técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE en la región del Magdalena Medio y coordinadora del colectivo 16 de Mayo.
Lleva 23 años trabajando en la defensa de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado. Rocío ha sufrido amenazas y el desplazamiento forzado por grupos paramilitares que habitan en la zona.
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