Me dirijo a usted para expresar mi profunda preocupación por la compleja situación de seguridad que enfrentan las lideresas y líderes sociales, excombatientes firmantes de la paz y población civil colombiana en general. El año 2021 inició con masacres, asesinatos de defensoras/res, y la reactivación del conflicto en regiones que se consideraba irían camino a la construcción de una Paz estable tras el Acuerdo firmado entre el Estado y las FARC-EP.

El país presenta una coyuntura compleja caracterizada por el aumento de la violencia en varios departamentos y regiones. En estos territorios los actores armados se disputan el control de las rentas producto de actividades como la minería, el narcotráfico y la extorsión; colocando a poblaciones campesinas, mineras, indígenas, afros y demás población civil, bajo un estado de vulnerabilidad y alto riesgo de sufrir violaciones a sus Derechos Humanos. Asimismo, la lenta implementación de políticas públicas con enfoques diferenciales como el territorial o de género, mantiene a las poblaciones más afectadas por el conflicto en un ciclo de pobreza y falta de oportunidades, quedando a la merced de los intereses de los actores ilegales. En definitiva el escenario nacional muestra que el Estado colombiano aún está lejos de poder frenar el escalamiento de la violencia en el territorio nacional.

De esta realidad nacional no es ajeno el Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño, donde se ha intensificado la violencia y se sigue vulnerando al movimiento social, a las lideresas y líderes, a quienes defienden los Derechos Humanos y también, las comunidades campesinas y mineras, que se ven expuestas en medio de las dinámicas de violencia y enfrentamientos entre los actores armados y que a pesar de ello, siguen resistiendo pacíficamente en sus territorios.

Expuesto lo anterior, insto: 

1. Al Gobierno Nacional y su Alto Comisionado para la Paz, dar cumplimiento al Acuerdo de Paz, y disponer su voluntad y sus esfuerzos en retomar los diálogos de con el ELN para priorizar una salida negociada a este conflicto y detener tan incesante sufrimiento en este país. 
2. A las administraciones departamentales y locales a que cumplan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz por medio de planes y proyectos que permitan la construcción y consolidación de la paz en el territorio, a que implementen políticas públicas con enfoques territoriales y de género que generen prosperidad y justicia social, y así, garantizar efectivamente los Derechos Humanos en sus territorios.
3. Al Ministerio de Defensa Nacional para que realice seguimiento sobre la actuación de su Fuerza Pública en la garantía de los derechos de la población y el respeto por las normas de Derecho Internacional Humanitario. 
4. A la Fiscalía General de la Nación, ente encargado de conocer y hacer seguimiento a los asesinatos de defensoras, defensores, líderes y lideresas, el esclarecimiento y judicialización de los responsables y perpetradores. Hechos que en su gran mayoría, aún se encuentran impunes, sin justicia, sin verdad, y sin garantías reales y efectivas que aseguren la no repetición.
5. A la Procuraduría General de la Nación, para que haga un mejor seguimiento a las conductas de miembros de las Fuerza Pública y de más servidores públicos, cuyas acciones u omisiones pueden llegar a impactar de forma negativa en la seguridad de las defensoras y defensores y en la garantía de su ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos. Además, de monitorear procedimientos de judicialización irregulares que no respetan los debidos procesos, para garantizar la no vulneración de la ley y la dignidad de las personas.
6. A la Defensoría del Pueblo para que continúe acompañando los procesos sociales, emitiendo alertas tempranas y tomando las acciones necesarias para evitar que se continúen presentando hechos donde se ven violentados los Derechos Humanos.
7. A la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, asegurar una presencia integral del Estado, centrándose en la mejora de la calidad de vida en esos territorios a través de salud, educación, vías, programas de desarrollo rural y productivos para que se pueda proteger y materializar los derechos de la población de manera efectiva.
8. Al Ministerio del Interior a que brinde Garantías de protección para que el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos y la oposición política no le cueste la vida a quienes la defienden.

Concluyo esta carta exhortando a que como instituciones públicas sumen sus esfuerzos y asuman responsabilidades, pues sus acciones son fundamentales para alcanzar cambios que mejorarían la vida de comunidades afectadas por la violencia, al igual que el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.